Querella contra el Fiscal General del Estado por prevaricación

Querella contra el Fiscal General del Estado por prevaricación

Querella contra el Fiscal General del Estado por prevaricación

El Centro de Estudios Jurídicos Tomas Moro presenta en el Tribunal Supremo una querella contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, al que se acusa de un presunto delito de prevaricación continuada por no haber solicitado ante este alto Tribunal el inicio del proceso de ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) por vulnerar la Ley de Partidos Políticos.

Según el letrado que ha redactado la querella, Javier María Pérez Roldán, la decisión de Conde-Pumpido en este asunto se suma a la que ya mantuvo con ocasión del archivo del denominado "caso Atutxa", que la Fiscalía decidió no recurrir. Considera que en ambos casos el fiscal general ha mantenido una "actitud prevaricante" que vulnera el artículo 7 del Estatuto Fiscal, en el que se obliga a los representantes del Ministerio Público a actuar "con imparcialidad e independencia".

Entendemos que desde el pasado 31 de marzo, "en el que el PCTV se declaró sucesor de Eukera Guztiak, no hacían falta más pruebas" para iniciar el proceso de ilegalización, puesto que la actitud de los candidatos de esta formación suponía la vulneración del artículo 9.3 de la Ley de Partidos Políticos -que dice que son ilegales las formaciones que ceden derechos políticos en favor de los terroristas o quienes colaboran con ellos-.

A nuestro juicio, estos artículos "daban cobertura suficiente para la ilegalización sin necesidad de prueba adicional alguna" ya que al declararse "sucesor de los partidos batasunos", al PCTV debería aplicársele "el mismo régimen de ilegalidad".
Sin embargo, a pesar de las evidencias existentes, el Fiscal General del Estado, siguiendo ordenes del Gobierno, se negó a solicitar la ilegalización, y a pesar de que desde la presentación de la querella han ido apareciendo más datos que relacionan a ETA con el PCTV, se niega a hacerlo. Recientemente, el Juez Grande-Marlaska imputó a cuatro de los promotores del PCTV por colaboración con ETA, y se espera para el próximo 22 de septiembre la declaración de tres nuevos imputados.
La vía judicial, por otra parte, parece también plegarse a las ordenes del Gobierno, pues por Providencia del 10 de mayo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo abrió diligencias a raíz de la querella presentada por este Centro Jurídico (solicitando la ilegalización del PCTV)  y designó como ponente al Magistrado Giménez García, dando traslado de la misma al Ministerio Fiscal para que informara. El Fiscal, D. José Mª Luzón Cuesta, informó el 24 de junio solicitando el archivo de la querella, y ese mismo día se trasladó su informe al ponente para que propusiera la resolución correspondiente. Sin embargo, desde tal fecha han pasado casi tres meses y aún no se ha resuelto.
El letrado director de la querella y coordinador de los servicios jurídicos, Javier Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna opina que es extraño que se tarde tanto en resolver. En decidir si se estima o no una querella no se tarda nunca tres meses. Es evidente que hay indicios suficientes para entender que existe prevaricación por parte del Fiscal General del Estado, pues si no hubiera indicios de delito hace semanas que la habrían archivado.
El Presidente del Centro de Estudios, Víctor Lozano Martínez, considera que estamos ante un caso más de interferencia del poder ejecutivo en el judicial. Los magistrados que forman la sala son cinco, los Sres. Bacigalupo Zapater, Jiménez García, Martínez Arrieta, Saavedra Ruiz y Sánchez Melgar. En una cuestión jurídica evidente, como es ésta, no se puede tardar tanto en ponerse de acuerdo… otra cosa es que por medio existan presiones políticas. Sólo entonces nos podemos explicar tanta demora en resolver.

 

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