Querella contra el Fiscal General por prevaricación.

Querella contra el Fiscal General por prevaricación.

Querella contra el Fiscal General por prevaricación.

El Centro Tomás Moro ha recibido hoy el informe del Fiscal D. José Mª Luzón Cuesta relativo a la querella presentada el 29 de mayo pasado por este Centro Jurídico por presunto delito continuado de prevaricación del Fiscal General del Estado, Conde Pumpido.

El Fiscal informante, renovado en su cargo recientemente por Conde Pumpido, y después de la polémica surgida por la no renovación de Torres Dulce, encargado de los procedimientos seguidos contra aforados, sostiene la competencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Sin embargo, solicita se desestime y archive la querella presentada por el CJTM, por estimar que los hechos objeto de la misma no son constitutivos de delito alguno.

Sostiene que la actuación de no recurrir el archivo de la causa seguida contra miembros de la Mesa del Parlamento Vasco (caso Atucha), o la negativa de no presentar demanda de ilegalización del PCTV no son “asuntos administrativos” como exige el artículo 404 del Código Penal para la comisión de prevaricación. El Fiscal sostiene que ambos comportamientos tienen carácter jurisdiccional. Sin embargo, el abogado director de la querella, D. Javier Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna, sostiene que “la orden que el Fiscal General dio a la Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de no recurrir, es un acto eminentemente administrativo, pues no surte efecto dentro de un proceso.”

En su informe, Luzón Cuesta recrimina al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que en el auto de 22-2-2005 por el que revocó el archivo del Caso Atucha censurara al Fiscal “que en su actuación ha destacado, además, por el criterio volátil que ha puesto de manifiesto”. Es decir, como dice el presidente del CJTM, Víctor Lozano, “aprovecha un informe que nada tiene que ver para desquitarse de las recriminaciones que justificadamente hizo el TSJPV al extraño comportamiento de la Fiscalía”.

En cuanto a la no presentación de la demanda de ilegalización del PCTV sigue insistiendo el Fiscal que no hay prueba ninguna concluyente, lo cual, como informa el abogado director del pleito, Javier Mª Pérez-Roldán “es jurídicamente insostenible, pues el artículo 12.1 b) de la Ley de partidos políticos establece que `Se presumirá fraudulenta y no procederá la creación de un nuevo partido político o la utilización de otro ya inscrito en el Registro que continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto´. Esto quiere decir que si el Ministerio Fiscal o el Abogado del Estado hubieran presentado la correspondiente denuncia bastaba con indicios de ser el PCTV sucesor de EH, HB o Batasuna para acordar su ilegalización, y ello por cuanto la propia ley presume la continuidad con sólo la existencia de indicios. Que el PCTV fuera inscrito en el Registro de Partidos Políticos 25 días después de iniciarse las actuaciones procesales para la ilegalización de Batasuna y que cediera sus listas a AG era bastante. Si a eso le añadimos la participación en el PCTV de determinadas personas que pertenecieron a Batasuna, había y hay motivos más que suficientes para acordar su ilegalización”

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