Querella criminal contra Delegado Provincial de Toledo por un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos.

Querella criminal contra Delegado Provincial de Toledo por un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos.

Querella criminal contra Delegado Provincial de Toledo por un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos.

En relación a la querella presentada por el CJTM contra los libros blasfemos de José Antonio Moreno Montoya, avalados por la Junta de Extremadura, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura se inhibe a favor del Juzgado de Instrucción de Mérida y exige al Centro Jurídico Tomás Moro una fianza de 1.000 euros para seguir adelante con las actuaciones.

Madrid, 5-07-2007.- Este Centro Jurídico recibió en el día de ayer notificación del auto 7/07 por medio del cual el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura decide inhibirse de las actuaciones que se siguen contra José Antonio Moreno Montoya y Francisco Muñoz Ramírez, ex consejero de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura.

El Tribunal Superior fundamenta su decisión en la publicación, el pasado 2 de julio, en el Diario de Extremadura del Decreto del Presidente de la Junta de Extremadura 11/2007, de 30 de junio, por el que se dispone el cese de Francisco Muñoz Ramírez como Consejero de Cultura. El Tribunal entiende por eso que Francisco Muñoz pierde su condición de aforado y que por tanto deberá ser enjuiciado por el Juzgado de Instrucción correspondiente.

Además, el Tribunal ha desestimado el recurso que presentó este Centro Jurídico contra la fijación de una fianza de 1.000 euros, que deberemos aportar si queremos se nos tenga por querellantes y mantener así abierta la posibilidad legal de que alguien al margen del Ministerio Fiscal ejerza de acusación, algo imprescindible desde que el Ministerio Fiscal actúa con criterios políticos y se pliega a las órdenes del Gobierno y se niega a perseguir los delitos.

En palabras del Presidente del Centro, Javier Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna «nos encontramos ante un auténtico despropósito. La querella se presentó en marzo de este año, y durante tres meses nada hizo el Tribunal. Ha esperado hasta el cese del Consejero de Cultura para tomar alguna decisión, y ésta ha sido, curiosamente, inhibirse a favor de los Juzgados de Mérida e imponer a esta parte una fianza de 1.000 euros, algo que sumado a los gastos de poderes, a los derechos del procurador hasta ahora interviniente y a los gastos del nuevo procurador de Mérida, supone un coste elevado para un Centro que no cuenta con ningún recurso ni ayuda pública. Si el Tribunal Superior no va a conocer del asunto, ¿porqué decide fijar una fianza? Parece que los Magistrado del Tribunal Superior han dilatado negligentemente el asunto para no tener que pronunciarse sobre el posible delito de un Consejero de la Junta de Extremadura” .

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