Querella criminal contra Delegado Provincial de Toledo por un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos.

Querella criminal contra Delegado Provincial de Toledo por un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos.

El Centro Jurídico Tomás Moro, a raíz de la ‘nota interior’ emitida por el Delegado Provincial en Toledo de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, Ángel Felpeto Enríquez, por la que ordenaba a todos los Centros Educativos a no evaluar a los alumnos que objetaran en conciencia a su impartición (impidiendo así su promoción de curso), presentó con fecha 8 de junio una querella que fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Toledo.
 
El portavoz del centro, Ignacio García Juliá, ha declarado esta mañana que: “la objeción de conciencia es un derecho constitucional recogido en el artículo 16 de la Constitución Española en el que se recoge el derecho fundamental a la liberta ideológica. Derecho que con esta asignatura se pretende eliminar ”.

La asignatura Educación para la Ciudadanía, conforme a contenidos aprobados por el Ministerio de Educación y Cultura, introduce objetivos, materias y criterios de evaluación que afectan directamente a la formación moral de los alumnos desde los 10 a los 18 años, terreno en el que sólo corresponde a los padres decidir, tal como reconoce el artículo 27.3 de la Constitución Española. A través de esta nueva asignatura, se pretende educar a los alumnos en la peculiar visón ética de la persona y de la afectividad que tienen los actuales gobernantes, en contra de la conciencia de la mayoría de padres y madres españoles.

La objeción de conciencia es un derecho constitucional en cuya virtud un ciudadano puede negarse legítimamente a cumplir un mandato o norma jurídica cuando entra en conflicto con las propias convicciones de conciencia. No se trata de una desobediencia a la Ley, sino del ejercicio de un derecho amparado por la propia Constitución y reconocido como tal por abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

El Presidente de este Centro, Javier Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna, ha manifestado que comportamientos como el del Delegado Provincial de la Consejería de Educación “no debe asustar a los padres, sino más bien debe compelerles a manifestarse más firmes en la defensa de sus derechos, pues ponen de manifiesto que la intención de las autoridades educativas es construir una España uniformada ideológicamente en las premisas de nuestro actual Gobierno. Si lo consiguieran, habría conseguido acabar con la libertad política por muchos años”.

El artículo 542 de Código Penal establece expresamente lo siguiente: "Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes".

El Presidente del Centro Jurídico Tomás Moro, Javier María Pérez Roldán, han reafirmado el compromiso de esta institución con la defensa jurídica que sea necesaria frente a quienes, desde los centros escolares o desde la Administración educativa, pretendan obstaculizar o impedir la defensa por parte de los padres de su derecho constitucional a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales, derecho que es violado por los contenidos básicos fijados por el Estado para Educación para la Ciudadanía.

 

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