Querella contra los responsables del Centro Médico Aragón por presuntos delitos de aborto ilegal.

Querella contra los responsables del Centro Médico Aragón por presuntos delitos de aborto ilegal.

Querella contra los responsables del Centro Médico Aragón por presuntos delitos de aborto ilegal.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Gerona admite a trámite la querella interpuesta por el Centro Jurídico Tomás Moro contrA los responsables del Centro Médico Aragón, por presuntos delitos de aborto ilegal y asociación ilícita al entender este Centro Jurídico que existen serios indicios de practicas abortivas en el tercer trimestre de gestación.

El magistrado ha impuesto una fianza de 1.500 euros al Centro Jurídico Tomás Moro para que pueda continuar la causa.

La acción va dirigida, en concreto, contra dos de sus directivos: Gerrit Jan Bosma y Rolin Julio Robles. Ambos médicos fueron condenados en 1994 a dos años de cárcel por una interrupción del embarazo.

Está prevista la declaración del querellante para que concrete la imputación y los indicios delictivos, así como el interrogatorio de los dos encausados y de un psiquiatra. No se admite la petición de entrada y registro solicitada por la acusación, al estimar que no es proporcional ante la existencia, por ahora, de "meras sospechas". 

La querella sostiene que Bosma y Robles dirigen varias clínicas denominadas Centro Médico Aragón --hay en Barcelona, Girona y Palma de Mallorca-- en las que, entre otras actividades, se practican regularmente abortos ilegales. En particular, añade el escrito, los dos médicos se ofrecen como especialistas en abortos denominados de "alto riesgo", es decir, interrupciones del embarazo en estadios muy avanzados de gestación. Según la asociación, "existen indicios de que en sus centros se practican abortos incluso en el tercer trimestre de gestación" y bajo el falso supuesto de evitar graves riesgos para la salud de las embarazadas. Asimismo, no descarta imputar a cargos de la Generalitat.

Los hechos se destaparon a raíz de las declaraciones del psiquiatra Jaime Cañellas Galindo, que trabajó para los demandados.
El supuesto más utilizado en España para abortar es el que pretende preservar la salud psíquica de la embarazada. Se ha convertido en el gran coladero de la ley. Acogiéndose a este ambiguo precepto, que precisa del dictamen previo de un psiquiatra para confirmar el problema psíquico, las interrupciones voluntarias de embarazo se realizan con total impunidad casi en cualquier semana de gestación.
El testimonio del arrepentido, que ahora deberá refrendar ante la juez, vino en su día a confirmar lo que todo el mundo sospechaba. Cañellas colaboró con la clínica Aragón entre diciembre de 2004 y agosto de 2005. En el centro abortista le pagaban 16 euros por informe positivo (en la mutua para la que trabajaba entonces recibía 15 euros por consulta). Señaló que era «constantemente presionado para que no pusiera trabas a los abortos y tuviera manga ancha». Aseguró asimismo que alguien falsificó su firma para dar vía libre a abortos sin su consentimiento. De hecho, informes supuestamente firmados por él con el nombre de la paciente en blanco aparecieron en la basura.

 

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