Denuncia Penal contra la Fundación holandesa Women on Waves

Denuncia Penal contra la Fundación holandesa Women on Waves

Denuncia Penal contra la Fundación holandesa Women on Waves

El 18 de octubre de 2008, el Centro Jurídico presentó denuncia Contra los representantes legales de las asociaciones Women on Waves, ACAI (Association of Clinics Credited for the Interruption of the Pregnancy), Amigas de Nicaragua, Asociación Aurora, BLOC, Ca Revolea, Casa de la Dona de València, Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Clínica Deia de Valencia, Clínica Gine-Almeria, de Almeria, Clínica Ginemur de Murcia y Cartagena, Clínica Mediterránea Médica de Valencia y Castelló, Clínica Tutor Medica de Barcelona, CNT de Alcoi, Col.lectiu Dones de Silla, Col.lectiu Feminista Victoria Sau de Xirivella, Comissió de, Dones 8 de Març de València, Dones de Negre, Castelló, Dones de Xirivella en acció, Espai Violeta de Xirivella, Esquerra Republicana PV, Esquerra Unida PV, Intersindical Valenciana, Lesbianbanda, Marxa Mundial de Dones València, Mujeres Jóvenes Las Moiras, Partit Feminista Valencia, PCPV, Plataforma Feminista de València, Secretaría de la Dona CCOO-PV, Secretaría de la Mujer y la Igualdad de UGT-PV, Tribunal Permanente de Crímenes contra la Mujer, Valencia Solidaria y Xarxa Feminista de la Plana, por la posible comisión de los delitos de abortos ilegales (artículos 144 y 145 del C.P.), delitos de asesinato (artículo 139,2 del C.P.), delitos de homicidio (artículo 138), delitos de apología del aborto ilegal (artículo 18 en relación con los artículos 144 y 145 del C.P.) y delito contra la salud pública (artículo 360 del C.P.).
El CJTM entendía, que la simple difusión de las actividades que la embarcación Langenort pretende realizar en los próximo días, supone per se un delito de apología del aborto ilegal, toda vez que en España, al aborto se considera delito, estando despenalizado solo en determinados supuestos. Del mismo modo, entiende que todas las organizaciones que ha cooperada en la difusión de dichas actividades abortivas, comenten igualmente delito de apología del aborto ilegal.

Con posterioridad el juez del juzgado de instrucción número 18 de Valencia ordenó que Gunilla Kleiverda, una de las supuestas ginecólogas de la organización holandesa, sea interrogada en su país natal.
El magistrado, en  auto de octubre de 2010, ha detallado las preguntas que el juez holandés deberá realizarle a la mujer. En concreto, las cuestiones se centran en el número de intervenciones del embarazo que practicó o participó, las condiciones en las que se desarrollaron así como que acredite su título y que está habilitada para ejercer.

Según las investigaciones se practicaron cuatro abortos. Uno de ellos a una menor sin el consentimiento de los padres. La legislación holandesa permite interrumpir el embarazo antes de las siete semanas sin la autorización de un profesional médico. En cambio, la misma operación no estaba autorizada por la legislación española que se aplicaba en el momento de la comisión de los hechos.
La cuestión reside en saber si los hechos se produjeron en aguas internacionales -donde rige la ley de la bandera que ondea en el barco- o en aguas de soberanía española. En el caso de Valencia, por sus especiales características geográficas, las aguas internacionales comienzan alrededor de las 17 millas (unos 30 kilómetros).
La Guardia Civil ya contestó al juzgado que desconocía el horario, el tiempo y la distancia que había navegado el velero. Es decir, que no se controlaron sus movimientos en Valencia. A los pocos días de que la embarcación abandonara Valencia se presentó la denuncia los hechos en el juzgado. En un primer momento, el asunto quedó archivado. Pero fue la Audiencia quien ordenó reabrir el caso tras recurrir la acusación la decisión del órgano (el recurso lo presentó una de las querellantes AES).
Posteriormente, una vez el caso recayó en el juzgado de instrucción número 18 de Valencia se tomó declaración como imputado al médico José Carbonell. El especialista es miembro de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo y director de un centro en la Comunitat, se desentendió de los abortos y dijo que viajaba en el velero como simple «observador» y porque es «patrón de yate». Carbonell no aportó pruebas de que la embarcación llegara a aguas internacionales, tal y como en su día publicó LAS PROVINCIAS.
El juzgado también dispuso de las grabaciones que el cámara de TVE realizó en la embarcación donde se practicaron los abortos. Sin embargo, el visionado de estas imágenes ha aportado muy poca información.

Dado que otras asociaciones se personaron en el procedimiento el Centro Jurídico Tomás Moro considera suficiente la presentación de la oportuna denuncia con la que se empezó la investigación sin necesidad de presentación de querella criminal.

 

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