El Centro Jurídico Tomás Moro, en defensa de la objeción de conciencia médica.

El Centro Jurídico Tomás Moro, en defensa de la objeción de conciencia médica.

El Centro Jurídico Tomás Moro, en defensa de la objeción de conciencia médica.

Madrid, a 5 de julio de 2010.- El Centro Jurídico Tomás Moro, en nombre propio y en representación de una serie de asociaciones representantes de la sociedad civil, ha presentado hoy lunes un recurso de amparo constitucional frente a la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

El Centro Jurídico Tomás Moro considera que los tres grandes afectados por esta nueva regulación del aborto, son el nasciturus, la propia mujer, y el personal sanitario, al que se le obliga a intervenir en un acto médico contrario a toda deontología médica.

En defensa del colectivo médico, el Centro Jurídico Tomás Moro, ha presentado este recurso en representación del doctor don Esteban Rodriguez Martín, Facultativo Especialista en Ginecología y Obstetricia.

Con esta personación, pretendemos defender el derecho de todo el personal sanitario a la objeción de conciencia frente a la práctica de abortos.

Efectivamente, opinamos que es clara la inconstitucionalidad del  artículo 19.2 (objeción de conciencia) de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, por vulneración del derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto (artículo 16 de la CE), y del derecho a la intimidad personal (artículo 18 de la CE).
La Ley Orgánica 2/2010, sólo reconoce el derecho a la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo y por lo que respecta a estos profesionales, en su art. 19.2 establece que dicha objeción de conciencia tiene que manifestarse anticipadamente y por escrito, obligando precisamente al objetor a declarar implícitamente sobre su ideología, religión o creencia, condicionándose dicha objeción al no impedimento por la misma al acceso y calidad asistencial de la madre que desea abortar.

Dicha regulación, atenta a la propio jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ya en la STC 53/1985, en su fundamento jurídico 14, cuando se le planteó la posible inconstitucionalidad de la ley que despenalizaba determinados supuestos de aborto por no contemplar la regulación de la objeción de conciencia de los médicos y demás personal sanitario, se pronunció de forma categórica acerca de la posibilidad de ejercer la objeción de conciencia por parte del personal sanitario a quien pudiera corresponder practicar un aborto, aunque la ley no dijera nada al respecto.

Es decir, las restricciones de la nueva legislación, en cuanto a los sujetos objetantes, y en cuanto a las condiciones y extensión de la objeción de conciencia, suponen un claro quebrantamiento de los artículos 16 y 18 de la Constitución Española.

Igualmente, el Centro Jurídico Tomás Moro ha querido llevar al Tribunal Constitucional el muy específico tema de la objeción al diagnóstico prenatal.

Es evidente, que para poder realizar el aborte eugenésico se necesita de un previo informe, de un diagnóstico prenatal. Sin embargo, no se regula la objeción de conciencia del personal que realiza tal práctica, y que en principio, parece no ser alcanzado por la objeción del personal que interviene directamente.

Pues bien, no es posible un aborto eugenésico sin un dictamen prenatal previo que transforma al médico que participa en el diagnóstico en cooperante necesario de los abortos eugenésicos que se materialicen

Como recuerda el presidente del Centro Jurídico, Javier Pérez- Roldán y Suanzes “la propia OMS critica un sistema de diagnóstico prenatal sin la posibilidad de proporciones "opciones reproductivas" y reconoce la posibilidad de que los médicos que se oponen al aborto no participen en los programas de diagnóstico prenatal.”

El informe del Consejo de Estado ante la nueva ley de aborto, ya alertaba  sobre la vinculación entre diagnostico prenatal y aborto eugenésico, recordando que tal causa de aborto es contraria al ordenamiento jurídico internacional suscrito por España, por constituir una discriminación por motivos de salud. Así pues, el diagnóstico prenatal utilizado para detectar anomalías con objeto de producir el aborto es contrario al ordenamiento jurídico internacional y las declaraciones del Consejo de Europa (Comité de ministros N/90 del 13al 21/6/1990) o del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO (Informe 29/08/1994).

Es más, los programas de diagnóstico prenatal, que contemplan como utilidad acabar con la vida del ser humano embriofetal enfermo son contrarios al código deontológico de la profesión médica. El 27.3 de dicho Código indica que "El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste". Otra norma, recogida en el artículo 24.1 del vigente Código de Ética y Deontología Médica, establece que "al ser humano embriofetal enfermo se le debe tratar de acuerdo con las mismas directrices éticas, incluido el consentimiento informado de los progenitores, que se aplican a los demás pacientes". El artículo 26.1 del mismo Código reconoce que "el médico tiene el derecho a negarse por razones de conciencia (...) a interrumpir un embarazo".

El médico que desee ajustarse a su código deontológico debe tratar al ser embriofetal enfermo con los mismos criterios éticos que a cualquier otro paciente y eso incluye no someterlo a pruebas que puedan someter al paciente a un riesgo directo de muerte, o que estén diseñadas para que acabar con su vida sea una opción, ni atender a la solicitud de que se acabe con su vida.

El Centro Jurídico Tomás Moro, quiere dar su apoyo al amplio colectivo médico, que con la entrada en vigor de la L.O. 2/2010 ve violado su derecho fundamental a la objeción de conciencia, y manifiesta su apoyo total e incondicional a todos los facultativos que quieran objetar, a la vez que advierte que permanecerá vigilante al cumplimiento de la ley, y denunciará todas las irregularidad que se produzcan en el cumplimiento de la misma, afecten estas a las diversas administraciones públicas, a los clínicas abortivas, o a los médicos que intervengan de forma ilegal en la práctica de abortos.

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PRESENTACION AMPARO 3

PRESENTACION AMPARO 4

 

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