Pedimos al Defensor del Pueblo que inste un Recurso de Inconstitucionalidad de la Ley de Identidad Sexual.

Pedimos al Defensor del Pueblo que inste un Recurso de Inconstitucionalidad de la Ley de Identidad Sexual.

Un numeroso grupo de entidades de la sociedad civil (entra las que se encuentra el Centro Jurídico Tomás Moro) hemos presentado un escrito ante el Defensor del Pueblo solicitando la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, conocida como “Ley Cifuentes”, por entender que la misma adolece de vicios de inconstitucionalidad claros y manifiestos.

La Ley Cifuentes “con la aparente disculpa de luchar contra la discriminación por orientación sexual aprovecha para:

  • (1) imponer una determinada ideología, la ideología de género como una visión propia y única sobre la persona, la familia y la sexualidad,
  • (2) convertir a los colegios en centros de adoctrinamiento de la ideología de género,
  • (3) que los colectivos LGTBI dicten la ley y controlen su seguimiento e implantación
  • (4) sancionar a todos aquellos que no la compartan, suponiendo esto un grave atentando contra la libertad.

El escrito pone en evidencia las vulneraciones que la citada Ley hace de distintos derechos reconocidos en la Constitución Española, como el derecho a la igualdad (art. 14 CE), el derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE), el derecho a la protección de la salud (art. 43.1 CE), el deber de prestar asistencia de todo tipo a los hijos (art. 39.3 CE), el derecho de libertad de expresión (art. 20 CE), el derecho de presunción de inocencia (art. 24.2 CE), el de seguridad jurídica(art.9.3 CE) , el derecho de tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), el derecho de educación (art. 27 CE) o el derecho a la libertad ideológica y religiosa (art. 16.1CE), entre otros muchos.

Con la ley Cifuentes el adoctrinamiento LGBT será obligatorio en todos los colegios madrileños, públicos o privados.

Las asociaciones y entidades adheridas son las siguientes: 

  • Federación Europea One Of Us En Defensa De La Vida Y Dignidad Humana.  
  • Federación Española de Asociaciones Provida.
  • Universidad Católica San Antonio de Murcia.
  • Asociación Cívica: Ciencia, Vida Y Cultura.
  • Asociación Española de Farmacéuticos Católicos. 
  • Asociación Familia y Dignidad humana.   
  • Asociación Familias numerosas de Madrid.  
  • Asociación Custodia Compartida por Nuestros Hijos.  
  • Asociación Femidisidencia.  
  • Fundación Jérôme Lejeune.  
  • Fundación Madrina. 
  • Fundación Valores y Sociedad.  
  • Asociación Hazteoir.Org
  • Instituto de Política Familiar.
  • Asociación Profesionales por la Ética.  
  • Asociación de Padres de Familia Separados de Las Islas Baleares (APFSIB).  
  • Asociación Enraizados.  
  • Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción.  
  • Fundación Citizengo.
  • Asociación Despertar Sin Violencia.
  • Asociación de derechos y víctimas de la ideología de género de Murcia.
  • Asociación Europea de abogados de familia.
  • Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro.

 

DESCARGUE EL ESCRITO PRESENTADO AL DEFENSOR DEL PUEBLO

La Defensora del Pueblo renuncia a presentar un recurso de inconstitucionalidad, aun admitiendo la posibilidad de que se vulneren libertades fundamentales en la aplicación de la Ley Cifuentes, y deja sin contestar la mayor parte de las cuestiones planteadas por casi un centenar de organizaciones.


En respuesta al escrito presentado recientemente por casi un centenar de Asociaciones y Entidades de la sociedad civil española (entra las que figura el Centro Jurídico Tomás Moro) solicitando la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, el Defensor del Pueblo resuelve no interponer recurso alguno contra la Ley Cifuentes, y justifica la discriminación positiva que la Ley recoge en favor del colectivo LGTBI en aras de la igualdad reconocida en el artículo 14 de la Constitución Española, si bien no cita ningún caso de desigualdad con el colectivo , ni razón objetiva alguna que pudieran sustentar dicha discriminación positiva.

Por el contrario, la mayoría de las vulneraciones constitucionales alegadas no reciben respuesta alguna por la Defensora del Pueblo. Vulneraciones tan importantes como:

  • El derecho a la integridad física y moral
  • El derecho a la salud
  • A la presunción de inocencia (No existe argumentación alguno del porqué de la inversión de la carga de la prueba)
  • Deber de prestar asistencia de todo tipo a los hijos
  • Derecho a la libertad de expresión
  • Principio de legalidad y tipicidad de las infracciones y sanciones administrativas
  • Derecho de asociación o derecho a la objeción de conciencia
  • Derecho a la libre autonomía del paciente (queda terminantemente prohibido que una persona LGTBI (que ha decidido libremente su orientación sexual) pueda a su vez acudir libremente y por su propia decisión a un especialista para someterse a una terapia de aversión o conversión.

Lo más llamativo en la respuesta de la citada institución, según las Asociaciones firmantes del escrito, es que la Defensora del Pueblo admita que en la aplicación de la ley se puedan vulnerar una serie de derechos, y en lugar de evitar esa posibilidad y que el Tribunal Constitucional se pronuncie, deja desamparados a los ciudadanos y propicia que sean miles de demandas individuales las que se interpongan en defensa de los derechos y libertades.

Señala expresamente que “Si en el futuro, en su aplicación práctica, se diera al precepto el sentido cuestionado, de que propone fomentar entre los alumnos una valoración positiva de determinada orientación sexual, o de cualquier manifestación o expresión de identidad de género, será deber de las autoridades competentes CON EL CORRESPONDIENTE DERECHO DE REACCION POR PARTE DE LOS AFECTADOS, corregir tal interpretación.”

Las asociaciones firmantes lamentan que la Defensora del Pueblo haya dejado pasar la oportunidad para que el TC se pronuncie sobre una ley que presenta serias taras de inconstitucionalidad, además de haberse dictado fuera de las competencias de la Comunidad Autónoma, ya que ante la evidente falta de competencia denunciada ante esta institución, la Defensora del Pueblo se inhibe y renuncia a ejercitar su legitimación, y contesta que es el Gobierno de la Nación el que debiera plantearla.

Las asociaciones firmantes están plenamente satisfechas al haber podido elevar públicamente sus pretensiones y obtener un enorme respaldo social en esta protesta colectiva contra una Ley que consideran profundamente injusta. Igualmente, las citadas Asociaciones se felicitan de haber conseguido trasladar a la sociedad, que hay argumentos legales y jurisprudenciales de peso para oponerse a la aplicación de la ley, y, si llega el caso, invocar la objeción de conciencia y la amplia doctrina del TC y del TEDH para no ser sancionados por la aplicación de una Ley que entienden que discrimina y coarta la libertad de quienes no comparten la ideología de género.

CONSULTAR LA RESPUESTA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

 

CONSIDERACIONES A LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS EN SU CONTESTACIÓN, POR LA DEFENSORA DEL PUEBLO.

 

I. SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DE LA LEY   Y LA VULNERACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA IGUALDAD

Se da la circunstancia de que TODA LA JURISPRUDENCIA QUE CITA LA DEFENSORA DEL PUEBLO (tanto del TC como del TEDH), ASÍ COMO LOS NUMEROSOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR EL ESTADO ESPAÑOL MENCIONADOS EN SU CONTESTACIÓN, SON LOS MISMOS QUE HEMOS EMPLEADO PARA JUSTIFICAR NUESTRA PETICIÓN.  

 - Básicamente, esta Jurisprudencia y Tratados y Convenios Internacionales suscritos por España (referidos por la Defensora del Pueblo, prácticamente copiando nuestro argumentario), sostienen lo siguiente:  

  • que no cabe discriminar por motivos de orientación sexual y que todos somos iguales ante la Ley.
  • que solo se pueden establecer medidas de discriminación positiva cuando exista justificación objetiva y razonable.
  • que el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, señala el sexo y de la orientación sexual como un motivo de discriminación.

-  Y, precisamente, son estos argumentos los que han justificado nuestra discrepancia con la Ley, y fundamentado nuestra pretensión de inconstitucionalidad:  

  • Porque no caben privilegios para los heterosexuales, como tampoco para los llamados LGTBI. Todos son seres humanos, independientemente de su orientación sexual, y gozan de los mismos derechos y obligaciones.
  • Porque en la Ley “Cifuentes”, no existe justificación objetiva y razonable de las numerosas medidas de discriminación positiva que contempla. (La Defensora del Pueblo en su contestación no explica, como tampoco lo hace la Ley, el motivo para favorecer a un homosexual, frente a un heterosexual, por ejemplo).
  • Y porque estas medidas previstas en la Ley, resultan desproporcionadas en relación con dicha justificación de “no discriminación”, que es precisamente lo que pretenden los firmantes de la petición a la Defensora del Pueblo.

Recordemos en este punto, y como simple muestra, que, entre las muchas medidas previstas por esta Ley:

  • Queda terminantemente prohibido que una persona LGTBI (que ha decidido libremente su orientación sexual) pueda acudir libremente y por su propia decisión a un especialista para someterse a una terapia de aversión o conversión.  
  • O que unos padres que discrepan de la identidad de género autopercibida por su hijo menor (pensemos por ejemplo en un niño que se considera transexual y, a la vez, homosexual), no podrán llevar a su hijo a un psicólogo, pues solo por este hecho, podrán ser considerados culpables de violencia familiar, y la Administración podrá tomar medidas contra ellos. Nada ocurrirá, sin embargo, si los padres deciden someterlo a un proceso de cambio de sexo, mediante terapia hormonal.

Llama la atención que sobre estos, y otros muchos casos de medidas desproporcionadas, nada diga la respuesta de la Defensora del Pueblo.

 

II.SOBRE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL A   LA LIBERTAD IDEOLÓGICA, RELIGIOSA Y DE PENSAMIENTO,   EN RELACIÓN AL DERECHO A LA EDUCACIÓN.

Respecto a estos derechos ocurre lo mismo: cita nuestros mismos argumentos, reflexiones y referencias jurisprudenciales, para llegar a una conclusión totalmente contraria y, a nuestro juicio, desacertada.  

Pues si los seres humanos tenemos los mismos derechos sea cual nuestra autopercepción de la sexualidad, es obvio que nadie puede imponer a los demás, como vinculante, esa autopercepción (que es lo que hace la Ley “Cifuentes”).

Pues lo cierto es que, a diferencia de lo que señala en su contestación la Defensora del Pueblo, no estamos ante un problema de derechos de los homosexuales ni de los transexuales, sino de la negación del derecho a la libertad de todos aquellos que no comparten la ideología de género, sean “homo”, “trans”, o heterosexuales.   Y  esta ideología de género adoptada por la Ley “Cifuentes”, es lo que persigue: una enseñanza adoctrinadora, no respetuosa con las convicciones religiosas y filosóficas de los padres, y que preconiza un comportamiento determinado, fuera del cual no se permite la crítica ni la pluralidad de pensamiento. En definitiva: un adoctrinamiento de los menores, a través de medidas educativas públicas que debemos considerar ilegítimas por contrarias al deber de neutralidad de la Administración educativa.

 

 III CONCLUSIONES

1º.  Sentimos que la Defensora del Pueblo haya dejado pasar la oportunidad para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre una Ley que presenta serias taras de inconstitucionalidad, además de haberse dictado fuera de las competencias propias del Estado, dejándose llevar por lo que le resulta la solución más fácil y menos comprometida con los derechos de TODOS los ciudadanos.  

2º. La mayoría de las vulneraciones constitucionales alegadas no reciben respuesta alguna por la Defensora del Pueblo.

Así, las vulneraciones al derecho a la integridad física y moral, al derecho a la salud, a la presunción de inocencia, deber de prestar asistencia de todo tipo a los hijos, principio de legalidad y tipicidad de las infracciones y sanciones administrativas, derecho de asociación, derecho a la objeción de conciencia… (entre otras muchas cuestiones planteadas en nuestra petición), no han recibido respuesta alguna por parte de la Defensora del Pueblo.

3º.  La Defensora del Pueblo renuncia a ejercitar su legitimación para iniciar el proceso de inconstitucionalidad solicitado.

De esta manera, otras vulneraciones alegadas en nuestro escrito, como la vulneración de la normativa básica estatal, al invadir competencias exclusivas del Estado ( entre otras, en materia laboral, infracciones y sanciones laborales, inspección de trabajo y seguridad social, educación, contratación pública y subvenciones), son despachadas por la Defensora del Pueblo, indicando que renuncia a ejercitar su legitimación para iniciar el proceso de inconstitucionalidad, pues “la autoridad moral que gozan sus resoluciones, parecen aconsejar su inhibición en cualquier pugna procesal en la que su intervención no resulte imprescindible”.  

En todo caso, viene a considerar que debería ser el Gobierno quien presentara recurso de inconstitucionalidad por esta posible invasión de competencias, evitando, una vez más, asumir aquellas competencias que constitucionalmente tiene atribuidas.

4º.  La Defensora del Pueblo renuncia igualmente, a su misión de garantizar los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos.

En este sentido, señala al final de su escrito, que “es deber de la Comunidad de Madrid, velar por que las informaciones o conocimientos que figuran en el programa sean difundidos de manera objetiva, crítica y pluralista”, cuando precisamente esto es lo que se ha denunciado: que la Ley Cifuentes  lo único que garantiza es que los contenidos educativos de los centros se harán conforme a la ideología de género, pues serán las asociaciones LGTBI las participarán en la formulación de esos contenidos y en la formación de profesores.

En todo caso, señala que “si en el futuro, en su aplicación práctica, se diera al precepto el sentido cuestionado de que propone fomentar entre los alumnos una valoración positiva de determinada orientación sexual, o de cualquier manifestación o expresión de identidad de género, será deber de las autoridades competentes, CON EL CORRESPONDIENTE DERECHO DE REACCIÓN POR PARTE DE LOS AFECTADOS, corregir tal interpretación”. De esta manera, una vez más, traslada a los padres la obligación de acudir a los tribunales para defenderse ante las previsibles y concretas situaciones de adoctrinamiento ideológico y moral de sus hijos, que la aplicación de esta Ley impondrá en el ámbito educativo.

5º.  En cuanto al resto, insiste la contestación en justificar las medidas de discriminación positiva en aras a instalar un marco de igualdad en el disfrute de los derechos sin discriminación alguna.

Esto significa que, a juicio de la Defensora del Pueblo, en nuestro país los homosexuales NO tienen hoy los mismos derechos que los heterosexuales.

Sin embargo, la realidad socio?cultural desmiente este argumento, pues los homosexuales han sido y son en España ministros, altos magistrados, funcionarios, dirigentes de partidos políticos, empresarios, presentadores de TV, periodistas, actores, profesionales destacados..... todos ellos socialmente valorados y sin que su orientación o condición sexual suponga ninguna discriminación que requiera de medidas de apoyo respecto al resto, es decir, de los heterosexuales.

6º.  En todo caso, y aunque la Defensora del Pueblo haya renunciado a iniciar un proceso de inconstitucionalidad frente a la “Ley Cifuentes”, las asociaciones firmantes están plenamente satisfechas al haber podido elevar públicamente y obtener un enorme respaldo social en esta protesta colectiva contra una Ley que consideran profundamente injusta y liberticida.

Igualmente, se ha conseguido trasladar a la sociedad, que hay argumentos legales y jurisprudenciales de peso para oponerse a la aplicación de la ley, y, si llega el caso, invocar la Objeción de Conciencia y la amplia doctrina del TC y del TEDH para no ser sancionados por la aplicación de una Ley que discrimina y coarta la libertad de quienes no comparten los postulados más radicales de la ideología de género.

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