El CJTM ante el Día Mundial de las Madres y de los Padres

El CJTM ante el Día Mundial de las Madres y de los Padres

  • El Centro Jurídico Tomás Moro (CJTM) solicita al Gobierno la modificación del Código Penal para que de forma clara y contundente se tipifique como delito todo tipo de tráfico de menores y de explotación de la mujer (en los conocidos como vientres de alquiler).
  • Igualmente el CJTM solicita al Gobierno la elaboración de una Ley que incorpore la perspectiva de familia a todas las políticas públicas y garantice un mínimo de protección a la familia en todo el territorio nacional, la elaboración de un Proyecto de Ley Básica de Prevención y Mediación Familiar para apoyar la estabilidad matrimonial, y la creación de una Red de Apoyo a la Mujer Embarazada.

La Asamblea General de la ONU, en su resolución A/RES/66/292 del 17 de septiembre de 2012 declaró el 1 de junio Día Mundial de las Madres y de los Padres, queriendo así reconocer su labor y honrar su trabajo en todo el mundo; sin embargo tanto los organismos internacionales como la mayor parte de los gobiernos nacionales siguen empeñados en eludir sus responsabilidades en la protección de la familia como institución básica y nuclear de cualquier sociedad libre.

El Centro Jurídico Tomás Moro considera que de poco sirve declarar un Día Mundial de las Madres y los Padres, si dicha declaración no va acompañada de medidas concretas de protección a la familia.

En este Día Mundial el Centro Jurídico Tomás Moro advierte que las familias (formadas por una madre y un padre acompañados de sus hijos naturales) necesitan apoyo mediante leyes que protejan la familia, la maternidad y permitan la conciliación familiar.

Así, y en el ámbito español, el Centro Jurídico Tomás Moro quiere aprovechar este día Mundial para recordar al Gobierno la necesidad de la aprobación de  una Ley que incorpore la perspectiva de familia a todas las políticas públicas y garantice un mínimo de protección a la familia en todo el territorio nacional, la elaboración de un Proyecto de Ley Básica de Prevención y Mediación Familiar para apoyar la estabilidad matrimonial, ayudar a superar las crisis familiares y promover Centros de Orientación Familiar públicos y privados y la creación de una Red de Apoyo a la Mujer Embarazada, que incluya el derecho a la percepción de un salario social si resulta necesario para la viabilidad del embarazo.

Se hace necesario igualmente denunciar que actualmente la libertad de las familias está siendo fuertemente atacada por los diferentes gobiernos autonómicos que sin contar con el respaldo social necesario están aprobando leyes ideológicos con el fin de adoctrinar a los menores y coartar las libertad de las familias imponiendo con carácter obligatorio dogmas ideológicos sin ningún sustento antropológico y sin refrendo científico. En este sentido el Centro Jurídico Tomás Moro recuerda a los poderes públicos que la educación es un servicio público que no puede sustituir la función principal de los padres: la educación de los menores.

En el Día Mundial de las Madres y los Padres igualmente queremos recordar que la educación es un derecho inalienable de los padres que se ha de ejercitar en libertad, libertad en la elección de los centros escolares, y libertad en la selección de los contenidos que los padres consideren adecuados para enseñar a sus hijos.

En este Día Mundial es necesario afirmar con carácter rotundo que ni la maternidad ni la paternidad se compran, pues tanto una como otra constituyen un vínculo natural que une a los progenitores con su descendencia natural. Últimamente se está intensificando la campaña para legalizar los vientres de alquiler, siendo necesario destacar que la gestación subrogada (eufemismo de  vientre del alquiler) supone el reconocimiento legal de la explotación sexual de la mujer y la mercantilización de la vida. La mujer alquila su cuerpo, normalmente bajo algún tipo de coacción (constatándose que en algunos países la subrogación se encuentra unida a redes de prostitución), convirtiéndose dicha práctica en una nueva forma de explotación, con la agravante de que el niño fruto del contrato es utilizado como producto comercial.

Por ello el Centro Jurídico Tomás Moro solicita al Gobierno la modificación del Código Penal para que de forma clara y contundente se tipifique como delito todo tipo de tráfico de menores y de explotación de la mujer, posibilitando que la Fiscalía de Menores pueda perseguir a quienes haciendo uso de la figura llamada vientres de alquiler traten de convertir la paternidad en un derecho absoluto mercantilizando la vida y explotando a las mujer.

El apoyo a las madres y los padres, el apoyo a la familia, tiene que convertirse en el principal objetivo de los poderes públicos, posibilitando a las familias la libertad de elegir la formación de sus hijos, implicando a los poderes públicos y empresas para facilitar la vida familiar mediante normas de conciliación de la vida familiar y establecimiento de salarios acordes con las cargas familiares, e implicando igualmente a los medios de comunicación para difundir una imagen real de la familia natural como fuente de estabilidad, felicidad y como factor determinante de cualquier política de sostenibilidad económica y garantía de futuro.


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