La secesión de Cataluña como disculpa para una reforma «constitucional» antiespañola

La secesión de Cataluña como disculpa para una reforma «constitucional» antiespañola

por Javier Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna (Presidente del Centro Jurídico Tomás Moro)

 

Los mismos de siempre, los partidos sedicentemente democráticos, nos quieren engañar de nuevo. Y es que el problema actual de Cataluña es más sencillo de lo que parece: algunos españoles (que dicen ser solo catalanes) han ocupado instituciones oficiales españolas (de ámbito catalán) no para secesionarla, sino para abrir un nuevo proceso constituyente para oficializar por vía constituyente un 15-M monumental que incluso pueda servir de modelo a otros países occidentales. Quieren vencer, pues, con esta tramoya secesionista, la resistencia de la mayoría social de España a que se diluya su identidad nacional.

Y es que ambas partes, el gobierno de la nación y el gobierno autonómico de Cataluña, han tensionado la situación al máximo para colocar a España al borde del abismo. Piensan que así será más fácil camuflar bajo la apariencia de medicina lo que es veneno, pues los españoles, que se han visto al borde de la ruptura nacional, respirarán con alivio si se los ofrece una solución, aunque pase por aceptar un nuevo bodrio constitucional. Y a todas estas, la Unión Europea contenta, pues a los euroburócratas no les importa nada la integridad nacional (más bien al contrario, les interesa la confusión de las identidades europeas), importándoles solo la permanencia de los territorios europeos (bajo la bandera nacional que sea) en el euro. Y esta vía del diálogo para acabar en un nuevo pacto constitucional les viene bien, pues supondría el mantenimiento de España y de la nueva realidad estatal catalana en la zona euro, pudiendo, además, exportarlo como ejemplo de solución para otros movimientos secesionistas en otros países de la unión. Lógicamente, todo esto será posible solo si los españoles, que llevamos años ejerciendo de incautos, vemos como única salida el diálogo.

La jugada es perfecta, pues han comprometido hasta al Jefe del Estado, don Felipe de Borbón, en su enredo. Y es que públicamente, con su Mensaje del 3 de octubre, inusitadamente firme (y manifiestamente contraria a la postura mantenida por los dos principales partidos: PP y PSOE), le han dejado fuera del nuevo juego del diálogo, pues pidió resolución en la aplicación de la legislación vigente con expreso rechazo de la vía dialogada y del pacto. Por tanto, ha incurrido en el mismo error que su bisabuelo Alfonso, que voluntariamente se exilió para pagar su pecado de haberse inmiscuido en la vida política concreta al apoyar un gobierno fuerte en la figura de Primo de Rivera. Si el padre, don Juan Carlos, en su mensaje en la noche del 23-F dio fin a la Transición afianzando la Constitución del 78; el hijo, don Felipe, ha dado fin a la vigencia del texto constitucional con su mensaje del 3 de octubre.

No vamos a entrar en el debate histórico del origen del 23-F, sin bien conviene señalar que muchos lo consideran como un autogolpe (que acabó en contragolpe) que debía permitir encauzar la turbulenta situación del momento. Pues bien, pensamos también muchos que el 1 de octubre fue igualmente otro autogolpe para encarrilar la deseada reforma constitucional. Si en aquella ocasión muchos implicaron a don Juan Carlos, en esta parece fuera de toda duda que don Felipe de Borbón ha sido ajeno al juego tras las bambalinas.

En cualquier caso la reforma constitucional que se pretende tiene varios objetos, si bien pueden que no todos se alcancen, lo que dependerá grandemente de la actitud más o menos resignada del pueblo español. El primero de estos objetivos es la proclamación de la República, que utilizará como disculpa la «intolerable» intromisión de don Felipe de Borbón en el «problema catalán» así como su origen franquista por la «instauración» dinástica no votada por los españoles. El segundo de ellos será la supresión de todo trato supuestamente preferente a la Iglesia Católica, obligando el cambio constitucional a revisar, por incompatibles, los acuerdos vigentes con la Santa Sede. La propia Iglesia Española, con su indefinición a lo largo de estos últimos años, y muy concretamente en el reciente proceso secesionista, ha perdido claramente el respaldo de una parte no confesional de la población que la apoyaba como garantía institucional que era.

El tercero de los objetivos será claramente dar rango constitucional a los llamados «derechos de tercera generación», es decir, el derecho de autodeterminación, así como otros derechos anejos, como el derecho a la paz, a la coexistencia pacífica (con la reducción aún mayor del papel, ya exiguo, de la milicia en la vida nacional) y a la justicia internacional. Si pueden, darán rango constitucional, con un incremento de su virulencia, al supuesto «derecho la memoria histórica».

Y finalmente, se dará entrada, en el nuevo texto constitucional, a los supuestos derechos LGTB y de género. Y ello a través no solo del reconocimiento constitucional del supuesto matrimonio gay o el derecho a «la múltiple identidad sexual»; sino muy principalmente a través del establecimiento de la educación pública obligatoria, suprimiendo la educación concertada y toda participación de los progenitores en la determinación de la educación de su descendencia.

Todo esto no es un ejercicio voluntarista conspiranoico, sino que se funda en datos objetivos inatacables: 1.- La paralización política actual del PP, incluso en contra de las aspiraciones de su numeroso electorado cautivo; 2.- La reciente dignificación, en todos los medios de comunicación de izquierdas, de la centralidad de derechas del PP, ofreciendo estos medios una imagen inédita en ellos del PP como única fuerza de derechas moderna y centrada; 3.- El cada vez mayor consenso mediático en la necesidad de no aplicar la ley a los comportamientos delictivos de los políticos secesionistas y su sustitución por un talante dialogante y de pacto.

Reflejo de todo ello es que todas las fuerzas políticas llamaron a la inacción a los patriotas que se lanzaron a las calles a defender España. No obstante, habiendo resultado inútil sus llamadas al orden, han obtado por otra vía de control: la de capitanear ellos la «furia española». Así se comprende la adhesión de algunos partidos a la manifestación convocada en Barcelona para el próximo 8 de octubre o la participación de algunos «versos sueltos» de sus partidos en la concentraciones patrióticas celebradas desde la inminencia del 1 de octubre hasta hoy.

Por eso el pueblo español debe actuar con criterio y no dejarse «pastorear» por estos falsos patriotas oficialistas que pretenden acallar la indignación nacional como acallaron aquel espontáneo espíritu de Ermúa, que surgió genuinamente del alma española cuando el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Rechacemos con silbidos y denuestos a todos los políticos profesionales que asomen por las manifestaciones y concentraciones patrióticas. Hagámosles ver, de forma ostensible, que ya no somos el pueblo anestesiado de estos últimos decenios y que hemos recuperado el pulso y los bríos de nuestros abuelos.

Y sobre todo, empeñémonos en sostener a las asociaciones y agrupaciones que desarrollan su actividad al margen de toda injerencia política. Es fácil distinguirlas: no reciben subvenciones públicas de ningún tipo y se empeñan en defender públicamente a la España multisecular, y no a una concreción histórica particular (casi accidental) como pudiera ser esa entelequia de la «España Constitucional» o la «España del 78». España nació mucho antes: como proyecto, en el Tercer Concilio Toledano (589), y como realidad histórico-política en tiempos de los Reyes Católicos. Realidad que se fue redondeando con la incorporación de Navarra, Flandes y demás dominios europeos y Portugal, así como los territorios americanos, africanos y asiáticos del Imperio Hispánico, territorios todos ellos, a excepción de Navarra, que perdimos, si bien continuaron su vida hispánica independiente.

Es el momento, pues, de la inquietud social, del activismo sin cuartel, de la resistencia social. Y en todas estas inquietudes debemos recordar a nuestros compatriotas que para salvaguardar la auténtica libertad civil no es suficiente la imposible separación de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), sino que el auténtico valladar de la libertad lo constituye el fortalecimiento de la soberanía social. Y es que los demagogos de toda laya (liberales, socialistas, comunistas, etc.) nos vendieron el espejismo de que la unificación de toda soberanía en la soberanía política nos daría la felicidad terrena. Y allí empezaron nuestros males, pues la soberanía política fragmentó la sociedad natural (o más bien las sociedades naturales), y asfixió, pervirtiéndolos, los centros neurálgicos de la auténtica libertad: la familia, el municipio, la comarca, la escuela y la Universidad, las organizaciones y colegios profesionales, etc. Debemos recordarles que la actual situación está motivada, muy principalmente, por la politización partidista de ámbitos que deberían haber quedado al margen de la misma. Por eso, debemos proclamar, a tiempo y a destiempo, QUE DEVUELVAN A LA SOCIEDAD EL PODER QUE INADVERTIDAMENTE NOS QUITARON Y QUE MANSA Y CONFIADAMENTE ENTREGAMOS SIN RESISTENCIA. Debemos ensañar, como un mandamiento imperativo para la supervivencia de nuestra libertad, que «la soberanía social es la que debe servir de contrarresto: y cuando esa armonía se rompe entre las dos, cuando no cumple sus deberes la soberanía política e invade la soberanía social, y cuando la soberanía social, invade la política, entonces nacen las enfermedades y las grandes perturbaciones del Estado. En un momento de verdadero equilibrio, cumplen todos sus deberes, y a las exigencias de la soberanía social corresponden los deberes de la soberanía política; pero cuando la soberanía política invade la soberanía social, entonces nace el absolutismo, y desde la arbitrariedad y el despotismo, el poder se desborda hasta la más terrible tiranía.» [Discurso de Vázquez de Mella en la sesión del parlamento, 18 de junio de 1907]

 

Recordemos siempre, como nos enseñó en Bando de Independencia de los Alcaldes de Móstoles (2 de mayo de 1808) que «no hay fuerza que prevalezca contra quien es leal y valiente, como los españoles lo son».

Así pues ESPAÑA EN PIE: desatemos la furia española contra quien pretende embridar nuestra libertad. Por nuestras Tradiciones, por nuestra tierra ¡Santiago, y cierra España!

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